نبذة مختصرة : Este artículo pretende explicar cómo fue posible el tránsito de las luchas sociales por la memoria a su reconocimiento como una política de Estado. Para ello se entiende el Estado no como un aparato ni como una entidad inmutable y compacta sino como un campo de fuerzas y de lucha entre grupos dominantes y subordinados que cuando cambia provoca su reconfiguración. Se propone analizar las condiciones sociales y políticas entre la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) y la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) como un proceso social y político, altamente contencioso, que condujo a la institucionalización de la política pública de memoria en Colombia como un deber del Estado basado en la democratización de la memoria.
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